El referéndum por la independencia de Cataluña, últimas noticias

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido a los partidos que estén unidos no solo para oponerse al referéndum del 1 de octubre, sino también después, "frente a declaraciones unilaterales". Lo ha hecho en una sesión de control en la que se van a formular hasta seis preguntas relacionadas con Cataluña. Este miércoles, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, se reunirá de nuevo con los mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra tras ordenar a la policía autonómica que precinte antes del sábado las escuelas y centros cívicos que pueden servir para votar el domingo. El consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, ha vuelto a reiterar que permitirán que "la gente vaya a votar el 1 de octubre” y el director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, ha dicho que están "para garantizar derechos, no para impedirlos".

 

Fuente: El Pais.com


No, no tienes derecho a pegar a tu hijo

Si preguntamos a alguien si le parecería delito coger de los pelos a una persona, abofetearla, vejarla y humillarla, estoy segura de que la mayoría diría que sí. Se asume que la violencia hacia los otros debe ser penalizada como delito y que no se puede permitir ni tolerar. Si un hombre le hiciera esto a una mujer o una mujer a un hombre, pocos dudan ya de que se debe denunciar y que se trata de maltrato puro y duro. Entonces, si somos capaces de verlo con esa claridad meridiana en el caso de que el “otro” sea un adulto, hombre o mujer, ¿cómo es posible que seamos tan ciegos de no querer verlo cuando el agredido es un niño?

Los niños son personas en igualdad de derechos, acreedor de la misma dignidad y respeto que cualquier otro ser humano, además de la necesidad extra de ser protegidos dada su vulnerabilidad. Tus hijos no son de tu propiedad, no te pertenecen, como no te pertenece tu mujer ni tu marido. Son seres humanos independientes aunque, como en el caso de los hijos, tú hayas sido el medio para traerlos al mundo. Pero ese privilegio que te ha dado la vida de poder engendrar o gestar no te confiere derechos sobre ese otro.

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Ser testigo y víctima de una relación tóxica pasa factura a los hijos
Leo horrorizada como las voces procedentes de la caverna machista y adultocentrista, que por desgracia aún abundan, se han echado encima de una adolescente que fue insultada, vejada y golpeada por su padre, porque se atrevió a denunciar, es decir, pidió ayuda. Como antes cuando una mujer se atrevía a denunciar y era sospechosa de “haber propiciado” que su marido la golpease, “algo habrá hecho” decían también las voces cavernícolas. Pero esta vez un juez ha escuchado a la víctima y ha aplicado la ley. Y la ley es para todos. Si maltratas es delito y si cometes un delito, debes ir preso. Es lo que dice la ley. La ley no dice que si maltratas a tu hija no es maltrato porque es tu hija, ni dice que tu potestad de padre te confiere el derecho a golpearla e insultarla.

La noticia saltó a los medios el pasado hace unos días, después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería condenara a siete meses de prisión a un progenitor por dar bofetadas y agarrar del pelo a su hija de 15 años por llegar tarde a casa. Al ser el primer delito y de menos de dos años de cárcel, finalmente, el padre no entrará en prisión. Pero la sentencia dictamina que este no puede acercarse o comunicarse con la menor a menos de 100 metros durante un año, siete meses y 15 días. El juez consideró que hubo una "extralimitación en su derecho de corrección".

Hablan de educación las voces de la caverna, dicen que así nos va con una sociedad llena de hijos que no han sido golpeados a tiempo, hablan de autoridad y de respeto. El respeto que produce la humillación y el golpe, la autoridad de quien es más fuerte y por eso se atribuye la potestad de maltratar. Llamémoslo por su verdadero nombre: quien defiende la bofetada a tiempo hace apología del maltrato y reivindica su derecho a maltratar a quien cree suyo.

Hace no tantos años, no era delito maltratar a una mujer porque quedaba dentro de la “intimidad de la pareja” hasta que algún juez, con la suficiente empatía y sensibilidad, aplicó la ley. Eran los mismos argumentos: “se lo merece”, “me ha llevado al límite”, “no me ha obedecido”.

La autoridad y el respeto están en las antípodas del maltrato y además no se otorgan por jerarquía, se ganan. Los hijos no han venido al mundo a complacerte ni a satisfacer tus expectativas. Tenemos la obligación, la responsabilidad de educar que es exactamente lo contrario de maltratar. Educar no es someter. Es acompañar, guiar, contener, empatizar, comprender, perdonar, ofrecer alternativas, hacer autocrítica, negociar, escuchar, y sobre todas las cosas ser ejemplo y modelo de lo que queremos que hagan o sean nuestros hijos.

Los medios se hacen eco de la noticia con titulares sensacionalistas porque saben que muchos se llevarán las manos a la cabeza cuando escuchen que un padre ha ido preso por dar dos bofetadas a su hija porque esta llegó tarde. Y como siempre, los que defienden su derecho a educar maltratando se quedarán anclados en el titular para alimentar su perversa creencia. No van a profundizar, no van a escuchar que no fue una bofetada sino una historia de maltrato constante, que la llamaba puta y la vejaba cuando le parecía oportuno, que nadie merece ser tratado así y muchísimo menos por quien debería respetarte y protegerte y amarte incondicionalmente. A dónde vamos a llegar, dicen, si ya no podemos pegar a nuestros hijos…para educarles.

La sociedad es violenta porque sigue habiendo una normalización del maltrato, una dosis que nos corre por las venas y que fue inoculada con la permisividad del empujón, el tirón de orejas, la colleja, el azote y la bofetada. Fue inoculada cuando ante el insulto de un padre o una madre no pudimos ni supimos defendernos, porque era lo normal. La normalidad de la bofetada a tiempo. La normalidad de la violencia desde la cuna.

Fuente : Olga Carmona | El Pais.com


Manuel Moix dimite como fiscal jefe Anticorrupción tras conocerse su sociedad en Panamá

El fiscal general del Estado defiende al dimitido y asegura que no ha hecho nada ilegal ni irregular

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha presentado su dimisión "por motivos personales" este jueves después de que se revelara que posee desde 2012 el 25% de una sociedad offshore en Panamá, bajo la que se camufla la propiedad de un chalé en Collado-Villalba, que tanto él como sus tres hermanos recibieron como herencia de sus padres, ha acabado forzando su dimisión.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido en cualquier caso a Moix y ha alegado que "no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad". Tampoco considera que la participación en una empresa en Panamá le haga incurrir a Moix en una incompatibilidad". "La Fiscalía es una institución autónoma", ha alegado Maza, quien considera que no se ha visto afectada por las actuaciones del jefe de Anticorrupción.

"No había motivos, ni existen, para el cese", ha añadido Maza, que no ha admitido preguntas pero ha aprovechado para lanzar una referencia a los medios de comunicación: "el argumento para la dimisión de un posible daño a la imagen pública debería ceder ante algo más importante, que es el fondo de la institución, la autonomía". Para Maza la fiscalía debe ser independiente "no solo del Gobierno, sino también de todos los poderes del Estado y otras instituciones. Solo se debe al imperio de la ley y no debe ser influida por nada más", ha concluido en alusión a los medios de comunicación.

La renuncia de Moix, colocado en una situación insostenible –con los partidos de la oposición y las principales asociaciones de la carrera fiscal exigiendo su cese- culmina una trayectoria en Anticorrupción marcada por la polémica. Su nombramiento, el pasado 22 de febrero, fue ampliamente discutido por dos motivos principales. El primero, de carácter técnico, por el hecho de no haber pertenecido a la plantilla de Anticorrupción, una fiscalía especializada con cierto espíritu de cuerpo. La segunda razón es política: Moix, anterior fiscal superior de Madrid, fue considerado desde el inicio un ariete del Gobierno para controlar una fiscalía que investiga causas que afectan al PP, como los casos Gürtel, Púnica y, en los últimos meses, Lezo.

Precisamente, la investigación centrada en el expresidente madrileño Ignacio González, cuyo inicio coincidió con el estreno de su mandato, le situó en el ojo del huracán. En las grabaciones ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se escuchaba a González felicitarse, en conversación con el exministro Eduardo Zaplana, de la futura designación de Moix al frente de Anticorrupción. “Sería cojonudo. Es un tío bueno y serio”, se escuchaba decir al expresidente madrileño, ahora en la cárcel, sobre él. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue alertado por las asociaciones fiscales de la existencia de esta grabación, pero aun así siguió adelante con el propósito que traía marcado de colocar a Moix al frente de Anticorrupción.

Su desembarco en la fiscalía, donde ha durado apenas 87 días, fue turbulento. La víspera de que la Guardia Civil desplegara la operación Lezo Moix ordenó a los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, que no solicitaran al juez el registro de una sociedad vinculada a delitos supuestamente cometidos en el entorno del Canal de Isabel II en el año 2001, época en la que Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid. Los fiscales recurrieron a una medida prevista en su estatuto orgánico, pero absolutamente excepcional: forzar una junta de fiscales anticorrupción, que por mayoría aplastante se opuso a la orden de Moix. Este dio marcha atrás, pero a cambio impuso a los fiscales que no acusaran a la trama de un delito de organización criminal, y en los días siguientes se empeñó, sin conseguirlo, en sacar al fiscal Yáñez de su fiscalía.

El segundo gran conflicto lo tuvo cuando trató de retirar a los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo de la investigación del caso del 3%, que se sigue en un juzgado de El Vendrell (Tarragona). Esta decisión fue llevada por los afectados al Consejo Fiscal, y ante la polémica, el fiscal general Maza optó por paralizarla de manera cautelar. La bronca en Anticorrupción se agravó el 10 de mayo después de que Moix desautorizara a los fiscales del caso Lezo, que en uno de sus escritos al juez Velasco, apuntaron al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, José Antonio Nieto, de estar detrás del chivatazo que alertó a Ignacio González de que estaba siendo investigado por diversos delitos de corrupción, lo que llevó a este a adoptar medidas extremas de seguridad y al juez Velasco a ordenar que se colocara un micrófono en su despacho.

Se abren las quinielas para la sucesión

La dimisión de Manuel Moix tres días después de conocerse que posee el 25% de una sociedad en Panamá abre un periodo de interinidad en la Fiscalía Anticorrupción. Hasta que se nombre un nuevo fiscal jefe, será la teniente fiscal Belén Suárez quien ocupe de forma transitoria la cabeza de esta fiscalía especial. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pretende tapar el hueco en el plazo más breve posible, según ha dicho en la comparecencia de prensa en la que ha anunciado la renuncia de Moix. Se abren de nuevo las quinielas sobre el sucesor del dimitido, que no ha ocupado el cargo ni tres meses.

En febrero, cuando hubo que sustituir al anterior fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que se jubiló en octubre en el cargo, que ocupó durante 13 años, se postularon al puesto siete fiscales, todos de Anticorrupción excepto el elegido, Moix. El candidato que más suena como posible sucesor es Alejandro Luzón, encargado del caso Bankia y el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, y actualmente destinado en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.

A aquel concurso acudió también la propia Belén Suárez, que ha llevado el caso Saqueo de Marbella, entre otros, y que es teniente fiscal desde 2014. Aquella lista de candidatos a liderar Anticorrupción, sobre cuya idoneidad deberá pronunciarse el Consejo Fiscal —órgano de asesoramiento del fiscal general— incluía también Antonio Romeral, cuya actuación en el caso de los papeles de Bárcenas fue muy discutida por las acusaciones populares por poco incisiva. También estaban José Miguel Alonso, encargado, entre otros, del caso SGAE; Carlos Alba, especialista en delitos económicos y en Anticorrupción desde 2006 y María Teresa Gálvez, una de las encargadas del caso Púnica.

Por ahora, asumirá sus funciones de forma provisional la la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, y Moix volverá al Tribunal Supremo, donde había estado ejerciendo desde 2015 como fiscal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo hasta su nombramiento en Anticorrupción.


Nueva Ley para los autónomos

La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado este jueves 27 de Junio el texto que regulará el trabajo autónomo

Una deducción de hasta 26 euros en comidas o la ampliación de la tarifa plana a 12 meses

Tarifas planas durante un año completo, exenciones en el IRPF, más facilidades para acceder a ayudas, plena compatibilidad de trabajo y pensión. Estas y otras medidas de apoyo a los autónomos han recibido este jueves el visto bueno unánime del Congreso. Todos los grupos parlamentarios, desde el PP a Podemos, respaldaron la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. La unanimidad se logró después de que el Gobierno aceptara el miércoles por la noche una exención en el IRPF de 26,67 euros al día por la comida.

La ley tiene el apellido de urgente, pero ha transitado por el Congreso desde que a finales del año pasado Ciudadanos puso en marcha la iniciativa. Ahora, en ese tiempo se ha fraguado la unanimidad en torno a ella. Aunque el entusiasmo es desigual: está la euforia del grupo promotor, su portavoz, Sergio del Campo, habló de logro “grandísimo”; el respaldo más comedido de PDeCAT, PNV o Compromís; el más convencido del PP; o el “apoyo crítico” de Podemos o ERC o el PSOE, partidos a los que les parecen insuficientes las medidas aprobadas.

El texto, que ahora sale en dirección al Senado, contiene una veintena de iniciativas cuya entrada en vigor variará entre el día siguiente de la publicación de la ley en el BOE y el 1 de enero de 2018. Estos son sus medidas más importantes:

-Tarifa plana de 12 meses. Hasta ahora, el autónomo que se daba de alta pagaba durante los primeros seis meses de cotización 50 euros mensuales, independientemente de cual fuera la base elegida para cotizar (normalmente la más baja). Cuando la norma entre en vigor, este periodo se eleva a 12 meses.
-Más facilidad de acceso. La normativa vigente no permite acceder a la anterior ayuda si en los cinco años previos el potencial beneficiario ha sido autónomo. Cuando la medida entre en vigor ese periodo se reduce a dos años, que serán tres si el solicitante ya se ha beneficiado de la medida.
-Tarifa plana para madres. Las mujeres que se reincorporen a la actividad después de haber sido madres también podrán beneficiarse de la tarifa plana durante un año.
-Exención de 26 euros al día. Los autónomos que sean personas físicas podrán desgravarse 26,67 euros diarios por manutención. El pago deberá ser electrónico (tarjeta de crédito, tarjetas de comida, móvil) y se tendrá que justificar que hay un desplazamiento. La cantidad sube hasta los 48,08 euros si el gasto se hace fuera de España. Este punto fue clave para lograr la unanimidad porque ERC hizo depender de este punto su voto positivo.
-Más deducciones fiscales. Además de la deducción por manutención, los autónomos que trabajen en casa también podrán deducirse hasta un 30% de gastos corrientes como luz, agua o teléfono.
-Cambios de base fáciles. Ahora un autónomo puede cambiar dos veces al año su base de cotización. Cuando entre en vigor la norma, pasará a tener la posibilidad de hacerlo cuatro veces en un mismo ejercicio.
-Cotización efectiva. El trabajador por cuenta propia ocasional ya no tendrá que cotizar el mes completo como hasta ahora, sino que pagará por los días efectivos que dure la actividad. Lo podrá realizar tres veces al año. Para evitar el fraude se exigirá que el alta sea previa al comienzo de la tarea y no posterior, como ahora.
-Evolución de la cotización. La evolución de las bases mínimas de cotización de los autónomos societarios, los que tienen una sociedad mercantil, dejará de estar vinculada al salario mínimo interprofesional. Se actualizará cada año a través de los presupuestos.
-Trabajo y pensión compatible. Los autónomos con trabajadores a su cargo podrán compatibilizar al 100% el cobro de la pensión con su actividad.
-Accidentes ‘in itinere’. Los accidentes de circulación que tengan los autónomos de casa al trabajo o del trabajo a casa serán reconocidos como in itinere, con lo que también darán derecho a baja laboral.
-Menos castigo por retrasos. Cuando un autónomo no pague a tiempo a la Seguridad Social, el recargo durante el primer mes será del 10%, después pasará al 20%. Ahora el recargo es del 20% desde el primer día.
Devolución de lo pagado de más. Cuando un trabajador desempeña varios trabajos en varios regímenes de cotización, ahora tiene que solicitar que se le devuelva el exceso de cotización cada año. Cuando la norma entre en vigor, la devolución se hará de forma automática.

La juez Núñez imputa en el caso ERE a los exsecretarios de UGT-A y CCOO-A

Además de Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, están señalados dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares en Andalucía, ha abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y ha incluido como investigados en la misma a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

En un auto fechado el día 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en esta nueva pieza separada de los ERE a la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Asimismo, y por las ayudas concedidas en 2003 a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.

La instructora investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y en el caso de Carmen de Miguel y Soledad Córdova pone de manifiesto que ambas habrían cometido dichos delitos «por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones».

La juez, que centra la investigación en las ayudas por más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis -Bolsa de Tharsis e Insersa- y Minas de Río Tinto, asevera que la investigación de las ayudas a la constitución de pólizas de prejubilación a los extrabajadores de la Faja Pirítica «ha puesto de manifiesto, hasta el momento y sin perjuicio del resultado» de las diligencias que se practiquen, tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal.

Intrusos

De este modo, alude a la inclusión en las pólizas de personas que «nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica» y a la asignación de coeficientes reductores «falseados» para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que «como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'».

Asimismo, la instructora señala «el papel jugado» en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados a través de sus representantes sindicales «y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter».

A su juicio, «las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos».

La juez relata que fue el 11 de septiembre de 2002 cuando se firmó el acuerdo marco para la aplicación de las medidas sociolaborales para la crisis de la Faja Pirítica por parte del subdelegado del Gobierno en Huelva, el delegado provincial de Empleo y los representantes sindicales de Huelva.

La faja pirítica

En este acuerdo, según la instructora, se expone que «ante la difícil situación por la que pasan las explotaciones mineras ubicadas en la Faja Pirítica de Huelva, teniendo en cuenta la cuantía de las deudas que contraen los firmantes del mismo, consideran necesaria la aplicación de medidas sociolaborales, las cuales se dividen entre las administraciones».

El 29 de abril de 2003, la Consejería de Empleo y los sindicatos UGT y CCOO de Andalucía firmaron en Huelva un protocolo de colaboración donde acordaron desarrollar el acuerdo marco referido ampliándolo a los denominados 'colectivos históricos' en el apartado de 'otros compromisos', y que son Bolsa de Tharsis, Insersa e Históricos MRT del año 1997.

Ese mismo día, y según expone la magistrada, los mismos participantes firmaron el protocolo de actuaciones para las prejubilaciones, por el cual la Junta «provisiona seis millones de euros como parte del pago de la cuota por las prejubilaciones»", adquiriéndose el compromiso por el colectivo de extrabajadores de que «aportará al plan las cantidades que les correspondan por indemnización», protocolo que «no incluye a los colectivos históricos».

Con fecha 31 de julio de 2003, se firmó el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, encontrándose presentes las federaciones estatales de FM-CCOO y FIA-UGT y firmando Guerrero en nombre de la Dirección de Trabajo, de forma que se le asignaron a la compañía Vitalicio las pólizas de Río Tinto (300 prejubilados) y a La Estrella las Minas de Almagrera (256), Filón Sur (19), Nueva Tharsis (55), Navan (6), así como el colectivo de históricos, Insersa (6) y Bolsa de Tharsis (40).

Fogasa

La juez asevera que «la persona que se encarga de la operación, coordinación y el seguimiento» de las pólizas «por acuerdo de todas las partes» fue el dueño de Uniter José González Mata.

En este punto, la instructora considera que la asociación «se crea como instrumento de gestión y canalización de las ayudas que la administración tiene la intención de dar a los afectados por la crisis de la minería», mientras que los trabajadores «contribuirán a la financiación de las pólizas aportando las indemnizaciones que puedan recibir de las empresas o del Fogasa».

Por ello, la asociación «comienza a solicitar a aquellos extrabajadores que ya habían cobrado su indemnización, bien sea del Fogasa o bien sea directamente por la empresa, que lo ingresaran en las cuentas de la asociación, lo cual realizan mediante un ingreso por un importe único o bien en diversos pagos», a lo que se suma que, «utilizando los poderes notariales que poseen, la asociación se persona en representación de los extrabajadores para que los mismos reciban la indemnización del Fogasa, pero dichos fondos serán ingresados directamente en las cuentas de la asociación».

Según la juez, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría General de Empleo, libró 15 resoluciones para la concesión de ayudas extraordinarias, siendo los solicitantes Rafael Varea (CCOO) y Víctor Fernández (UGT) en todas ellas «en calidad de representantes de los trabajadores solicitantes de ayudas extraordinarias», sumando un importe total de 34.594.664,01 euros.

Así, se realizaron tres resoluciones por cada mina, como son Almagrera, Filón Sur, Nueva Tharsis, Navan Resource y Minas de Río Tinto, con fechas 1 de diciembre de 2003, 1 de septiembre de 2004 y 29 de septiembre de 2005.

Entre los imputados, también se encuentran dirigentes sindicales de UGT como el propio Manuel Pastrana, Salvador Mera, Víctor Fernández, Manuel Chaves Castilla, Luciano Gómez o Begoña Abdelkader, y responsables de CCOO como Francisco Carbonero, Rafael Varea, Manuel Roberto Carmona Soto o Juan Manuel Moreno Valero.


La gran revolución que asusta a las empresas entra en vigor

El IVA en tiempo real

cincodias.elpais.com

* Una vez emitida una factura, la empresa tendrá ocho días para informar a Hacienda.

* CEOE dice que las compañías no están preparadas y temen una ola de sanciones

Este sábado 1 de julio entrará en vigor el Suministro Inmediato de Información (SII). Se trata del proyecto más ambicioso jamás planteado en el IVA y que revolucionará totalmente la gestión de un impuesto que se introdujo en España en 1986. Es cierto que el IVA es un tributo sobre el consumo y que recae sobre el consumidor final, sin embargo, son las empresas quienes lo gestionan, lo recaudan y lo ingresan en la Agencia Tributaria. De hecho, es la figura fiscal que genera mayores quebraderos de cabeza y trámites a las compañías. Estas son las claves del proyecto.

¿Qué es el SII?

El SII es un proyecto que modificará la gestión del IVA y exigirá que las empresas informen en tiempo casi real de las facturas recibidas y emitidas. Actualmente, cuando una empresa emite o recibe una factura no informa de ella hasta final de mes o del trimestre en función de su tamaño. A partir de ahora, las compañías deberán ser mucho más ágiles para remitir la información en el plazo de ocho días, un período que a partir del próximo año bajará a cuatro días. Pero el SII no solo significa dar información, sino que las empresas llevarán sus libros registro del impuesto directamente desde la sede de la Agencia Tributaria. La tecnología permite este flujo de información constante y que eleva el control de la Agencia Tributaria. El Ministerio de Hacienda contará con una ingente cantidad de datos. Para entender el volumen basta apuntar que una sola empresa como Repsol emite 200 millones de facturas al año.

Hacienda, con esta información, realizará un análisis de riesgo y cruzará datos para optimizar las labores de control, luchar contra el fraude fiscal y fomentar el cumplimiento voluntario. Según el Programa de Estabilidad que el Gobierno de Mariano Rajoy remitió a Bruselas, el SII elevará en 350 millones la recaudación.

¿A quién afecta el nuevo proyecto?

La mayor parte de las empresas de España son pequeñas y no tienen capacidad para aplicar el SII. El IVA en tiempo real será obligatorio solo para las grandes compañías, que son aquellas que facturan más de seis millones al año. También los grupos de IVA y las empresas acogidas al régimen de devolución mensual deben cumplir con el SII. En total, el IVA en tiempo real afectará a 63.000 empresas, una cifra relativamente pequeña si se tiene en cuenta que hay más de 3,2 millones de declarantes del impuesto. Sin embargo, la Agencia Tributaria indica que estas 63.000 compañías que deberán informar del IVA en un plazo de ocho días suman el 80% de la facturación anual del tributo.

¿Qué opinan las empresas?

La postura oficial de la patronal CEOE es muy crítica con la medida del Gobierno. Recientemente, la organización presidida por Juan Rosell remitió una carta al Ministerio de Hacienda solicitando que se aplace la entrada en vigor del SII. La patronal entiende que el Gobierno se precipitó al aprobar la medida y muchas empresas no han tenido tiempo para adecuar sus sistemas informáticos. Hay que recordar que el proyecto supone un desembolso para las empresas, exige un cambio drástico de la gestión del IVA y obliga a contratar un nuevo software. CEOE también sostiene que hay importantes proveedores tecnológicos que no tendrán disponible su software de gestión hasta otoño y alerta de que actualmente no existen prácticamente productos en el mercado adaptados a la normativa.

Incluso las grandes empresas han mostrado su malestar por el escaso margen que ha dejado Hacienda. Montserrat Trapé, socia responsable del área de Precios de Transferencia y Tributación Internacional de KPMG, señaló en una entrevista en febrero su preocupación por la medida. Aunque el margen de reacción para las multinacionales es mayor. En este sentido, Repsol, que participó en el programa piloto, ve de forma más positiva el SII.

¿Cómo ha sido la tramitación de la medida?

La primera vez que el Gobierno anunció su intención de poner en marcha un sistema que obligara a informar del IVA en tiempo casi real fue en octubre de 2014 y ya se llevaba algún tiempo trabajando en ello. A partir de ese momento, se iniciaron negociaciones y consultas que culminaron en un borrador de real decreto que se publicó en julio de 2015 y que contemplaba que el SII se aplicaría a partir de enero de 2017. Sin embargo, no se aprobó antes de las elecciones generales de diciembre de ese año. El parón electoral y la repetición de los comicios hizo que el Ejecutivo en funciones guardara el proyecto en un cajón.

Y así estaban las cosas hasta que tras la formación del nuevo Gobierno, el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro rescató el pasado diciembre el proyecto SII y sorprendió a todas las empresas al fijar la entrada en vigor para julio. Es decir, las compañías sólo han tenido seis meses para adaptarse a la nueva medida. Incluso el director de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, reconoció en una entrevista a este periódico que la propia Administración tuvo que “redoblar esfuerzos externos e internos para cumplir el plazo” fijado por el Ejecutivo. Si bien se especuló con la posibilidad de retrasar a 1 de enero de 2018 la entrada en vigor, Hacienda no ha dado su brazo a torcer.

¿Qué sanciones contempla el nuevo modelo?

Es uno de los factores que más temen las empresas. CEOE augura una oleada de sanciones por retrasos en la entrega de las facturas y errores. Es la consecuencia, sostiene CEOE, del escaso tiempo que han tenido las compañías para prepararse para el SII. Desde la Agencia Tributaria llaman a la calma. “Somos conscientes de que debemos arrancar con toda la flexibilidad posible. No buscamos sancionar. No podemos ser exigentes con los plazos al inicio, ni igual de exigentes en las validaciones. No contemplamos una política sancionadora”, señaló Rufino el pasado mes de marzo. Aun así, el temor de las empresas perdura. La legislación contempla que el retraso en la obligación de llevar los libros registro de IVA a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria se sancionará con un 0,5% del importe de la factura objetivo del registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.

¿Por qué Hacienda dice que el SII será positivo?

Todos los cambios generan rechazos en los primeros momentos y más si estos proceden de la Agencia Tributaria. Fuentes de Hacienda sostienen que la postura reacia de las empresas era de esperar. También aseguran que, cuando pase el tiempo, las compañías no querrán volver atrás y comprobarán las ventajas del SII. ¿Cuáles son? La más evidente es la supresión de obligaciones formales como la presentación de los modelos 347, 340 y 390. El intercambio de información será constante y ya no será necesario rellenar tantos formularios. Además, el período de presentación de autoliquidaciones se amplía a los 30 días del mes siguiente del período de referencia frente a los 20 actuales.

¿El SII se aplicará a las pymes en el futuro?

Las pymes pueden acogerse al SII voluntariamente y Hacienda asegura que no lo impondrá. Las empresas no se acaban de fiar. Hacen bien.